Una "estrategia deliberada": Amnistía Internacional denuncia la represión de los activistas climáticos en Francia

Una década después del Acuerdo de París y tras una ola de calor sin precedentes , las autoridades francesas son acusadas de obstaculizar la labor de los defensores del medio ambiente, según un informe publicado por Amnistía Internacional el jueves 3 de julio. El informe describe una serie de restricciones legales, físicas y financieras contra activistas ambientales en Francia. La organización de derechos humanos considera esto una "estrategia deliberada" que "forma parte de una ola global de represión y del retroceso en los compromisos climáticos asumidos por los Estados".

«Es preocupante ver que Francia, que fue un motor en la lucha contra el cambio climático hace diez años, es ahora un claro ejemplo de represión contra los defensores del medio ambiente», advierte Margot Jaymond, responsable de defensa de la justicia climática en Amnistía Internacional Francia. La ONG denuncia «un sistema» diseñado para paralizar las acciones de los activistas proclima atacando de forma selectiva e intencionada la libertad de manifestación, expresión y asociación.

Amnistía ilustra sus conclusiones en particular con la represión de las movilizaciones contra las megacuencas de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), en 2022 y 2023, durante las cuales la policía utilizó armas de letalidad reducida (lanzadores de balas de defensa) de una manera considerada "desproporcionada" .

La ONG también denuncia centenares de detenciones policiales y unos sesenta juicios tras las protestas contra el proyecto de la autopista A69 en la región de Tarn.

Esta violencia va acompañada de un arsenal legislativo que criminaliza a los manifestantes, afirma el informe, citando en particular la llamada ley antidisturbios de 2019 o la ley de 2021 que refuerza el respeto a los principios de la República, conocida como ley del separatismo , que facilita la disolución de asociaciones o la retirada de financiación. Entre los casos mencionados se encuentran el movimiento Alternatiba, privado de subvenciones públicas, y el colectivo Les Soulèvements de la Terre , objeto en 2023 de un intento de disolución considerado contrario al derecho internacional.

Amnistía Internacional también advierte sobre la retórica estigmatizadora contra los activistas ambientales, a quienes algunos políticos califican de "ecoterroristas" , así como sobre el debilitamiento de la cobertura mediática del clima, en detrimento del derecho a la información. La ONG insta a las autoridades francesas a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los defensores del medio ambiente y a reconocer públicamente su labor como legítima y esencial.